27 feb 2011
Informe de la Alta Comisionada de la ONUpara los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
(Ver doc. completo)
Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha8 confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares. La Fiscalía, en su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas. Porotra parte, más de 400 casos están siendo investigados por otras unidades seccionales de laFiscalía. A esto hay que añadir 448 casos activos conocidos por la Justicia Penal Militar yaquellos que pudieron haber sido archivados por esta institución sin una adecuada actuaciónjudicial. Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas9 pudieron haber sido víctimas de ejecucionesextrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrióentre los años 2004 y 2008. (ver documento completo)
29. Los miembros de la fuerza pública acusados de graves violaciones de los derechos humanos, como todas las personas, tienen derecho a todas las garantías del debido proceso. Estas garantías no parecerían cumplirse cuando los acusados de haber participado en ejecuciones extrajudiciales son representados por la llamada Defensa Militar (DEMIL). Existen indicios de que la DEMIL antepone algunos intereses institucionales de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los procesados. Así, por ejemplo, se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pudieron haber tenido otros miembros del Ejército.
38: menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 4,5% de todos los desmovilizados13, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer plenamente la diversidad, el contexto y el carácter sistemático de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares.
52. A medida que el Registro Nacional de Desaparecidos se actualiza, se vislumbra la preocupante magnitud del fenómeno de la desaparición forzada. A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas. Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años16. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%.
54. A pesar de estas cifras, el grado de impunidad que rodea esta grave violación a los derechos humanos es muy alto. La Fiscalía reconoció que había abierto algunas investigaciones sobre esta violación pero que debido a la naturaleza compleja del delito la gran mayoría estaba en etapa de indagación17. En este contexto, la oficina en Colombia reconoce el valor de la histórica decisión judicial proferida en junio por algunas de las
desapariciones forzadas ocurridas en el marco de los trágicos eventos del Palacio de Justicia en 1985.
O. Pobreza y derechos económicos, sociales y culturales
97. A pesar del prolongado conflicto armado interno y los altos índices de desigualdad, Colombia ha logrado progresar en términos de desarrollo humano30. El Informe de Desarrollo Humano 2010 ubica a Colombia como uno de los países latinoamericanos con desarrollo humano alto31. Esta clasificación es más baja cuando los índices se ajustan por la desigualdad, que en el país alcanza niveles de extrema preocupación. El coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta.
98. El índice de extrema pobreza es del 16%, el más alto del grupo de países de desarrollo humano alto, y alcanza porcentajes superiores en algunos departamentos del país. A pesar de los avances en la cobertura de los servicios de salud, el pleno disfrute de este derecho continúa siendo limitado. El 17,5% de la población colombiana padece al menos una carencia grave en salud y persisten la inequidad y las restricciones en el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de salud para las personas en situación de pobreza. Entre éstas están las ubicadas en zonas rurales distantes de centros urbanos, las personas desplazadas y, particularmente, los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
99. Persiste un alto índice de informalidad en el empleo, lo que contribuye a una mayor precariedad en los ingresos y falta de acceso a derechos como la seguridad social. Además, la Organización Internacional del Trabajo expresó preocupación por varias situaciones violatorias del derecho al trabajo, como la normativa que permite una brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que viola el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, así como la discriminación en el acceso al empleo fundada en la raza, color y origen social
Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha8 confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares. La Fiscalía, en su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas. Porotra parte, más de 400 casos están siendo investigados por otras unidades seccionales de laFiscalía. A esto hay que añadir 448 casos activos conocidos por la Justicia Penal Militar yaquellos que pudieron haber sido archivados por esta institución sin una adecuada actuaciónjudicial. Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas9 pudieron haber sido víctimas de ejecucionesextrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrióentre los años 2004 y 2008. (ver documento completo)
29. Los miembros de la fuerza pública acusados de graves violaciones de los derechos humanos, como todas las personas, tienen derecho a todas las garantías del debido proceso. Estas garantías no parecerían cumplirse cuando los acusados de haber participado en ejecuciones extrajudiciales son representados por la llamada Defensa Militar (DEMIL). Existen indicios de que la DEMIL antepone algunos intereses institucionales de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los procesados. Así, por ejemplo, se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pudieron haber tenido otros miembros del Ejército.
38: menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 4,5% de todos los desmovilizados13, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer plenamente la diversidad, el contexto y el carácter sistemático de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares.
52. A medida que el Registro Nacional de Desaparecidos se actualiza, se vislumbra la preocupante magnitud del fenómeno de la desaparición forzada. A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas. Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años16. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%.
54. A pesar de estas cifras, el grado de impunidad que rodea esta grave violación a los derechos humanos es muy alto. La Fiscalía reconoció que había abierto algunas investigaciones sobre esta violación pero que debido a la naturaleza compleja del delito la gran mayoría estaba en etapa de indagación17. En este contexto, la oficina en Colombia reconoce el valor de la histórica decisión judicial proferida en junio por algunas de las
desapariciones forzadas ocurridas en el marco de los trágicos eventos del Palacio de Justicia en 1985.
O. Pobreza y derechos económicos, sociales y culturales
97. A pesar del prolongado conflicto armado interno y los altos índices de desigualdad, Colombia ha logrado progresar en términos de desarrollo humano30. El Informe de Desarrollo Humano 2010 ubica a Colombia como uno de los países latinoamericanos con desarrollo humano alto31. Esta clasificación es más baja cuando los índices se ajustan por la desigualdad, que en el país alcanza niveles de extrema preocupación. El coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta.
98. El índice de extrema pobreza es del 16%, el más alto del grupo de países de desarrollo humano alto, y alcanza porcentajes superiores en algunos departamentos del país. A pesar de los avances en la cobertura de los servicios de salud, el pleno disfrute de este derecho continúa siendo limitado. El 17,5% de la población colombiana padece al menos una carencia grave en salud y persisten la inequidad y las restricciones en el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de salud para las personas en situación de pobreza. Entre éstas están las ubicadas en zonas rurales distantes de centros urbanos, las personas desplazadas y, particularmente, los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
99. Persiste un alto índice de informalidad en el empleo, lo que contribuye a una mayor precariedad en los ingresos y falta de acceso a derechos como la seguridad social. Además, la Organización Internacional del Trabajo expresó preocupación por varias situaciones violatorias del derecho al trabajo, como la normativa que permite una brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que viola el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, así como la discriminación en el acceso al empleo fundada en la raza, color y origen social
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